Iguazú (LaVozDeCataratas-Kelly Ferreyra) Misiones comenzó a analizar cómo será la aplicación del nuevo régimen penal juvenil, cuya entrada en vigencia está prevista para septiembre y que implicará adecuaciones en el funcionamiento de la Justicia, los organismos de seguimiento y los dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal.

La Ley 27.801, que creó el nuevo Régimen Penal Juvenil, introdujo como una de sus principales reformas la reducción de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. Esto significa que, a diferencia del régimen anterior establecido por la Ley 22.278, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser penalmente responsables por la comisión de determinados delitos.

La nueva normativa, sancionada en febrero de 2026, reemplaza el régimen que se encontraba vigente desde 1980 y establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 y 17 años, con penas y medidas diferenciadas respecto de las aplicables a los adultos.

El tema fue abordado durante la 17° sesión del Consejo Consultivo del Sistema Provincial de Buenas Prácticas en Contexto de Encierro, que reunió a representantes de los tres poderes del Estado y de las fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos centrales es definir cómo se organizará el sistema provincial frente al nuevo escenario y qué intervención tendrán las distintas instituciones encargadas de trabajar con adolescentes sometidos a procesos penales.

La presidenta de la Comisión de Buenas Prácticas, Constanza Yudar, explicó que desde hace meses se desarrollan mesas de trabajo junto al Poder Judicial para avanzar en esa adecuación.

Misiones cuenta además con los Centros Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes (Cemoas) y equipos multidisciplinarios que tendrán un papel importante dentro del esquema.

Un debate que en Iguazú tiene nombre propio

Hablar del régimen penal juvenil inevitablemente remite a un caso reciente que generó un fuerte impacto social: la muerte de Roni Gabriel Díaz Da Mota, de 35 años. Roni fue atropellado el 15 de julio sobre la avenida Papa Francisco, casi calle San Justo. Sufrió graves lesiones y murió cuatro días después.

En la investigación quedó involucrado un adolescente, señalado como conductor de la motocicleta. El joven se presentó posteriormente ante el Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado y permaneció alojado en el Cemoas mientras avanzaba la causa.

Hace pocos días, la Justicia dispuso el cese de esa medida de alojamiento y su restitución al cuidado de su madre.

Esto no significa que haya sido sobreseído ni que la investigación haya terminado. El adolescente continúa sometido al proceso judicial y debe cumplir las condiciones establecidas, entre ellas permanecer bajo responsabilidad de su progenitora, retomar sus estudios y presentarse ante la Justicia cuando sea requerido. La causa continúa bajo la carátula de homicidio culposo en accidente de tránsito.

La libertad del adolescente y una pregunta que quedó instalada

La decisión judicial provocó interrogantes en parte de la comunidad y volvió a poner sobre la mesa una cuestión compleja: qué sucede cuando quien está involucrado en un hecho grave es menor de edad.

La respuesta no depende solamente de la gravedad del resultado. La Justicia debe aplicar un régimen específico para niños y adolescentes, diferente al previsto para una persona adulta. Precisamente ese sistema es el que ahora atraviesa una etapa de cambios.

El caso de Roni permite dimensionar por qué la discusión sobre el régimen penal juvenil no queda encerrada en tribunales, códigos y debates legislativos. Detrás de cada expediente existen también víctimas, familias que reclaman respuestas y adolescentes cuya responsabilidad debe determinarse bajo normas específicas.

En Iguazú, una familia perdió a un hombre de 35 años, mientras el adolescente investigado continúa actualmente el proceso en libertad y bajo el cuidado de su madre. Eso no determina cuál será el resultado final de la causa, pero sí coloca el debate sobre la Justicia juvenil frente a una realidad concreta y cercana.

Misiones deberá adaptar su sistema

Durante la reunión provincial se destacó que la implementación del nuevo régimen exigirá coordinación entre el Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, fuerzas de seguridad y organismos de control.

La existencia previa de los Cemoas representa una herramienta para esa adaptación, especialmente por el trabajo de sus equipos multidisciplinarios.

El desafío será establecer cómo funcionará en la práctica el nuevo esquema y de qué manera se compatibilizarán la responsabilidad penal de los adolescentes, las medidas de protección y reinserción y los derechos de las víctimas. Para Misiones será una transformación institucional.

Para familias como la de Roni Díaz, en cambio, el debate tiene otra dimensión: esperar que, cualquiera sea la edad de quien esté involucrado, la Justicia pueda determinar responsabilidades y dar una respuesta frente a una muerte que ya no tiene vuelta atrás.