Iguazú (LaVozDeCataratas) El trámite para la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) registra un pico histórico de solicitudes en Iguazú. Según explicaron a LaVozDeCataratas las profesionales que integran la Junta Evaluadora local, la agenda de evaluaciones presenciales se encuentra con turnos disponibles a partir del mes de diciembre. En la actualidad, el equipo interdisciplinario evalúa entre 10 y 12 solicitudes por semana, el límite máximo permitido por la capacidad operativa y por las estrictas exigencias de los protocolos nacionales.
Este incremento en la demanda responde a múltiples factores que coinciden en la localidad. Por un lado, la radicación de nuevos médicos especialistas en la zona —entre ellos neurólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos y psicopedagogos— ha facilitado que las familias de la zona puedan solicitar y reunir la documentación médica requerida sin la urgencia de tener que trasladarse hacia centros de mayor complejidad en Eldorado o Posadas. Por otro lado, existe una exigencia creciente por parte de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, las cuales condicionan la cobertura de prestaciones esenciales, tales como maestras integradoras, centros de día o tratamientos de rehabilitación, a la presentación obligatoria del CUD.
Criterios médicos: evaluar la secuela antes que la patología
Ante las reiteradas consultas y dudas manifestadas por los vecinos que se acercan a las oficinas del hospital local, las profesionales explicaron detenidamente cuáles son los criterios objetivos que determinan si una persona califica o no para la obtención del certificado. La clave del proceso radica en diferenciar la enfermedad de la secuela permanente o de largo plazo que esta genera.
«Siempre evaluamos la secuela que deja la enfermedad o el accidente, no la patología en sí. Lo que se analiza en la entrevista es qué era lo que la persona podía hacer antes y qué es lo que hoy ya no puede realizar en su vida cotidiana», remarcaron desde la junta.
Bajo esa premisa, aclararon que diagnósticos frecuentes como la hipertensión arterial, la diabetes, las hernias de disco o las lumbalgias no constituyen por sí mismos un motivo de discapacidad si la persona conserva su funcionalidad y logra una buena calidad de vida mediante la medicación y los controles médicos correspondientes. Del mismo modo, en el caso de las afecciones visuales u auditivas, la normativa nacional establece que siempre se evalúa el órgano sano o corregido. Es decir, si una persona presenta dificultades de visión pero logra leer o ver televisión con el uso de lentes, la condición no califica como discapacidad.
Normativa legal y desmitificación del trámite
Las integrantes del equipo evaluador hicieron hincapié en que el CUD no se otorga de manera arbitraria ni por favoritismos personales. La junta trabaja estrictamente bajo protocolos legales y cuestionarios estandarizados que luego son volcados en un sistema codificado. Asimismo, el organismo nacional ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) realiza auditorías periódicas al azar sobre los expedientes aprobados, exigiendo que cada dictamen coincida exactamente con la descripción y los informes firmados y sellados por los médicos especialistas.
Con esto desmintieron las falsas creencias populares sobre un supuesto otorgamiento irrestricto del documento o su solicitud con el único fin de obtener beneficios secundarios como el pase libre de transporte. También aclararon una confusión frecuente entre la comunidad: la junta evaluadora no otorga porcentajes de incapacidad, ya que esa modalidad pertenece al Certificado Médico Oficial (CMO) gestionado ante la ANSES para las pensiones no contributivas, un trámite con objetivos y normativas totalmente independientes.
Agilidad administrativa y el valor del tratamiento
A pesar de la congestión en la agenda de turnos para la evaluación médica presencial, desde el área destacaron que el tramo administrativo posterior es sumamente dinámico. Una vez concluida la entrevista y firmado el dictamen por las tres integrantes de la junta, el certificado se carga inmediatamente en el sistema nacional, quedando disponible en formato digital en la aplicación Mi Argentina al día siguiente, mientras que el soporte físico se entrega en un plazo aproximado de diez días.
Por último, recordaron que el CUD posee plazos de vencimiento y actualización cuya función principal es asegurar el seguimiento terapéutico del paciente. Lejos de ser un mero trámite burocrático, la exigencia de actualización incentiva a las familias a dar continuidad a las rehabilitaciones. Gracias a este acompañamiento, las evaluadoras destacaron que existen numerosos casos, especialmente en niños y jóvenes con estimulación temprana, donde la evolución resulta tan favorable que al cumplir el plazo fijado la persona ha superado su limitación y ya no requiere la renovación del certificado.
La Junta Evaluadora está conformada por la Dra. Dora Beatriz Baez, la Licenciada en Psicopedagogía Lorena Cecilia Maidana, la Licenciada en Kinesiología Verónica Noemí Kosaka, Karina Mori quien es Trabajadora Social y en tareas administrativas Carmen Vera.
