“Además de atender bien a los visitantes, este contrato de concesión también impone la obligación de mantener la infraestructura y preservar el área. Se beneficiarán trece localidades cercanas al parque en la región, con la generación de empleos verdes. Este es el modelo del gobierno para actuar y aportar soluciones climáticas rentables», señaló el ministro de Medio Ambiente, Joaquim Leite, durante una conferencia de prensa posterior a la licitación.

La concesión de Iguazú generaría inversiones de 500 millones de reales en nueva infraestructura y 3.000 millones de reales para la operación del parque durante la vigencia del contrato. El parque fue creado en 1939 en un área de casi 200.000ha. Recibe 2 millones de visitantes al año, según el gobierno.

BNDES suscribió recientemente un contrato con el Instituto de Biodiversidad Chico Mendes (ICMBio) para estructurar concesiones para 10 áreas de conservación como parte de iniciativas del gobierno para demostrar su compromiso con la preservación ambiental.

“No estoy en contra de privatizar los parques, pero hay que ver si con el tiempo estas operaciones son viables o si las empresas que los están tomando ahora no abandonarán la concesión en unos años porque decidieron que no era tan rentable», dijo a BNamericas Cecilia Polacow Herzog, profesora del departamento de Arquitectura y Urbanismo y coordinadora del posgrado en Paisajismo Ecológico de la Pontificia Universidad Católica (PUC) de Río de Janeiro.

“Mi desconfianza también es porque sabemos que la agenda ambiental no es necesariamente el fuerte del gobierno actual”, agregó. La administración de Jair Bolsonaro ha sido criticada por el aumento de la deforestación en Brasil desde que asumió el cargo en 2019.