En el proyecto de “ley ómnibus” enviado este miércoles al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional se propone, entre otros cierres de organismos públicos recortes presupuestarios y reformas, el del Fondo Nacional de las Artes (FNA), creado por el decreto/ley 1224 de 1958. El artículo 589 de la ley bautizada “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” deroga la norma con la que se creó el FNA, y en el artículo 590 establece que el Poder Ejecutivo Nacional “procederá a la reasignación de recursos humanos, presupuestarios y materiales con motivo de la derogación prevista en el artículo anterior”. Asimismo, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) y las librerías también son blanco de las reformas mileístas, de alto impacto en el campo de la cultura.

El FNA, mediante concursos y becas, apoya y promueve el desarrollo de artistas, gestores y organizaciones culturales. De 1958 a 1973, la escritora Victoria Ocampo presidió el FNA. El financiamiento proviene del cobro del “dominio público pagante” a editoriales, productoras de cine y empresas que exploten comercialmente obras libres de derechos, una vez pasados setenta años de la muerte de los creadores. Si bien el FNA depende del Ministerio de Cultura (ahora Secretaría de Cultura, a cargo del aún no designado productor de espectáculos Leonardo Cifelli), es un organismo autónomo y con autarquía funcional, administrativa y financiera.

Bibliotecas Populares: 

La “ley ómnibus” incluye la reforma de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), creada por Domingo Faustino Sarmiento hace 153 años, en 1870. Varios artículos de la ley 23.351 son reemplazados en el proyecto. Primero establece que se las clasifique según la cantidad de obras, el movimiento diario de esas obras y las actividades culturales que desarrollen. A continuación, se informa que las bibliotecas populares dependerán de los subsidios que el Congreso les otorgue; para obtenerlos, se deberá acreditar “la necesidad social de los servicios en la zona de influencia de la Biblioteca Popular”, “las necesidades específicas para el crecimiento de las bibliotecas más carenciadas” y “el mayor esfuerzo” realizado en la prestación de servicios (no se determina quién lo evaluaría).

La Conabip también cambiaría de nombre si se aprueba esta ley. Pasaría a llamarse Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares y continuaría bajo la órbita de la Secretaría de Cultura. Estaría a cargo de un presidente, un secretario y cinco vocales designados por el PEN. Solo el primero sería remunerado por sus tareas. Días atrás, trascendió que el bibliotecario y escritor Raúl Escandar sería el presidente del organismo. Para María del Carmen Bianchi, funcionaria saliente del área, estas reformas “arrasarían con una política de lectura de más de un siglo y medio”. Y agrega: “Demuele los objetivos, los recursos y la participación federal, además del modelo de relación entre el Estado y la sociedad.

Al cancelar las asignaciones específicas, que fueron prorrogadas en 2022 por cincuenta años, los fondos que se asignarán a cada organismo dependen del Congreso. Hay un agravante en ese sentido y es que en la medida en que la dependencia es de bajo rango tiene menos posibilidades de incidir en la distribución de los recursos que le tocan”. Hasta ahora, el Fondo Especial creado por ley 23.351 le asigna a la Conabip un porcentaje de lo recaudado en premios de loterías y juegos; en el 2005, el PEN le agregó fondos especiales por el mismo monto recaudado.

Por último, en el artículo 60 se propone la derogación de la ley 25.542 de precio de uniforme de venta al público de libros o precio único. Esto supondría que cadenas de librerías o cualquier otro comercio (supermercados, por ejemplo), si lo quisieran, podrían vender libros a un precio similar e inferior al del costo, lo que supondría el cierre rápido y definitivo de librerías más pequeñas, que no podrían competir con tal estrategia. Por otro lado, la bibliodiversidad se vería afectada y las editoriales independientes, cuyos catálogos no son tan masivos como los de las que publican best sellers, correrían riesgo de supervivencia.

“Vengo estudiando el funcionamiento de la ley de precio uniforme, acá y en otros países, y se me ocurren varias cuestiones que podrían mejorar su implementación para incrementar el número de librerías en el país, pero ahora, volarla así, sin más, es insensato -dice a LA NACION el investigador Alejandro Dujovne-. Es posiblemente la ley con mayor consenso en el sector”. Si se deroga la ley del precio único, los contratos de las editoriales con los autores se verán afectados, porque ya no podrán fijarse al 8 o 10 % del valor comercial de cada ejemplar.