Iguazú (LaVozDeCataratas)  El Concejo Deliberante de  Iguazú aprobó por unanimidad la emergencia en materia de consumos problemáticos por el plazo de 12 meses, con posibilidad de prórroga. La medida busca fortalecer las políticas municipales de prevención, asistencia y acompañamiento, con especial atención sobre niños, adolescentes, jóvenes y familias atravesadas por esta problemática.

La declaración de emergencia parte de considerar que los consumos problemáticos no afectan únicamente a quien atraviesa una situación de consumo, sino que también repercuten en las familias, los barrios, las instituciones educativas, el sistema sanitario y los espacios públicos.

La ordenanza plantea, por ese motivo, un abordaje integral y sostenido, que no esté centrado exclusivamente en respuestas vinculadas a la seguridad, sino también en la prevención, la salud, la educación, la inclusión y el acompañamiento social.

La aprobación se produjo además con la presencia de vecinos de Iguazú que asistieron al Concejo para manifestar su preocupación por las situaciones relacionadas con los consumos problemáticos que atraviesan diferentes sectores de la ciudad.

Un programa municipal de prevención y asistencia

La ordenanza crea el Programa Municipal de Respuesta Integral frente a los Consumos Problemáticos, mediante el cual se deberán fortalecer los dispositivos de prevención y orientación, facilitar mecanismos de asistencia para personas y familias y articular las correspondientes derivaciones con organismos sanitarios y asistenciales.

También establece acciones específicas destinadas a niños, adolescentes y jóvenes, junto con propuestas deportivas, culturales, educativas, recreativas y comunitarias que funcionen como herramientas de prevención e inclusión.

A esto se suma la posibilidad de intervenir sobre determinados espacios públicos mediante tareas de recuperación, iluminación y puesta en valor, particularmente en aquellos sectores considerados prioritarios.

Un mapa de vulnerabilidad, pero no para denunciar personas

Una de las herramientas previstas es la creación de un Mapa Municipal de Vulnerabilidad y Prevención de Consumos Problemáticos, destinado a reunir información estadística y territorial que permita identificar zonas donde resulte necesario reforzar las políticas preventivas y orientar los recursos municipales.

Sin embargo, la ordenanza establece límites expresos sobre la utilización de esa información. El mapa no podrá identificar públicamente a personas consumidoras, señalar domicilios particulares presuntamente vinculados con delitos ni utilizarse para realizar tareas de inteligencia o investigación criminal.

Esto significa que la herramienta municipal no funcionará como un mapa de denuncias de puntos de venta de drogas ni permitirá denunciar o individualizar públicamente a personas sospechadas de comercializar estupefacientes.

La distinción es importante: una persona podrá recurrir a los mecanismos municipales para solicitar orientación, asistencia o acompañamiento frente a una situación de consumo problemático, pero cuando exista información sobre un posible delito relacionado con la comercialización de drogas, la intervención corresponde a las autoridades judiciales y fuerzas de seguridad competentes.

Qué puede hacer el Municipio y qué no

La ordenanza delimita específicamente las competencias municipales. Las intervenciones deberán ser de carácter preventivo, sanitario, asistencial, social, educativo, territorial o administrativo.

Los trabajadores municipales no podrán investigar delitos, realizar allanamientos o requisas, seguir personas ni desarrollar tareas de inteligencia, ya que esas facultades corresponden a las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Cuando durante una intervención municipal surjan hechos que pudieran constituir un delito, la situación deberá ser comunicada a las autoridades correspondientes.

En aquellos casos que pudieran encontrarse bajo competencia federal, se establece la comunicación al Ministerio Público Fiscal Federal, el Juzgado Federal competente o las fuerzas federales habilitadas.

Además, se elaborará un protocolo municipal de actuación para determinar cómo deberán proceder los agentes ante emergencias sanitarias, pedidos de asistencia, situaciones que involucren a niños y adolescentes o circunstancias en las que pudiera existir un delito.

Prioridad para niños, adolescentes y jóvenes

Uno de los principales ejes de la emergencia será la protección de niños y adolescentes expuestos a situaciones de consumo problemático o contextos de vulnerabilidad familiar y social.

La ordenanza prevé desarrollar programas deportivos, culturales, recreativos, educativos y de formación, priorizando a los jóvenes de los sectores donde se detecten mayores niveles de vulnerabilidad.

El Ejecutivo Municipal deberá además presentar informes trimestrales ante el Concejo Deliberante para dar cuenta de las medidas implementadas, las zonas alcanzadas, las intervenciones preventivas y asistenciales realizadas, las derivaciones, los programas desarrollados, los recursos utilizados y la evolución de los indicadores.