Iguazú (LaVozDeCataratas-Kelly Ferreyra) La pérdida del empleo no solamente golpea el bolsillo de las familias. Cuando se pierde un trabajo formal, muchas veces también se pierde la obra social y, con ella, la cobertura de medicamentos, estudios y tratamientos. En Iguazú, esta situación comienza a trasladar una demanda cada vez mayor hacia el sistema público de salud.

LaVozDeCataratas dialogó con Daniel Faraoni, de la Superintendencia de Servicios de Salud, quien advirtió sobre las dificultades financieras que atraviesan distintas obras sociales y el impacto que esta situación termina generando sobre los hospitales públicos.

Según explicó, la delegación Misiones de la Superintendencia intervino en alrededor de 700 casos durante el último mes, relacionados con personas que encontraron dificultades para acceder a prestaciones de salud.

De ese total, aproximadamente 250 casos correspondieron a Iguazú y localidades cercanas, una cifra significativa para la zona.

Menos trabajo, menos aportes y más presión sobre la salud pública: Faraoni explicó que una de las razones detrás de esta situación es la reducción de aportantes al sistema de obras sociales.

La ecuación es directa: si una persona pierde su empleo, deja de realizar aportes y eventualmente puede quedarse sin cobertura. Al mismo tiempo, las obras sociales reciben menos recursos para financiar las prestaciones de sus afiliados.

“Hay menos aportantes o afiliados a obras sociales. Muchas de las obras sociales están con dificultades por la situación de crisis laboral”, explicó.

El fenómeno alcanza a diferentes actividades económicas y se siente particularmente en una ciudad como Iguazú, donde una parte importante del empleo depende del turismo, la gastronomía, el comercio y los servicios.

Cuando esas personas dejan de contar con cobertura, sus necesidades de atención médica no desaparecen. Los tratamientos deben continuar, los medicamentos siguen siendo necesarios y los controles no pueden suspenderse. Es entonces cuando buena parte de esa demanda termina llegando al hospital público.

Tratamientos que no pueden esperar: La problemática se vuelve especialmente sensible cuando se trata de pacientes que requieren medicamentos costosos o tratamientos permanentes.

Faraoni señaló que desde el hospital se derivan situaciones hacia la Superintendencia relacionadas con medicación oncológica, tratamientos para VIH y otras prestaciones que deberían contar con cobertura de las obras sociales.

En algunos casos se trata de personas que todavía poseen una obra social, pero encuentran dificultades para obtener la prestación. En otros, de trabajadores que perdieron su fuente laboral y quedaron sin cobertura.

Mientras se intenta resolver cada situación, el Hospital SAMIC termina dando respuesta a pacientes que necesitan continuar con sus tratamientos.

“El hospital está dando respuesta, pero el hospital está para quien no tiene obra social. La obligación de cobertura debería ser de las obras sociales”, explicó Faraoni.

El impacto financiero sobre el hospital: Detrás de cada paciente que pasa del sistema de obras sociales al sistema público existe también un costo que debe ser absorbido por el Estado.

Medicamentos, estudios, consultas, tratamientos oncológicos y otras prestaciones tienen un costo que anteriormente podía estar financiado por una obra social y que, ante la pérdida de cobertura o los problemas prestacionales, termina recayendo sobre el hospital.

Por eso, la problemática no es solamente sanitaria. También es financiera.

El aumento de personas sin cobertura y las dificultades de algunas obras sociales generan una presión creciente sobre los recursos disponibles en los hospitales públicos.

En Iguazú, los aproximadamente 250 casos registrados durante el último mes, incluyendo pacientes de localidades cercanas que llegan hasta el SAMIC buscando respuestas, permiten dimensionar una realidad que comienza a sentirse cada vez con mayor fuerza.

Faraoni advirtió que el escenario se está profundizando como consecuencia de la situación laboral: menos empleo significa menos aportes al sistema de obras sociales y, al mismo tiempo, más personas dependiendo de la salud pública para sostener tratamientos que no pueden interrumpirse.