Iguazú (LaVozDeCataratas) Una denuncia por violencia que se desdijo reabre el debate sobre el uso de las medidas judiciales y la complejidad de los vínculos. Un nuevo caso ocurrido en Iguazú vuelve a exponer una problemática tan sensible como difícil de abordar: las denuncias por violencia de género que luego son desmentidas o modificadas por la propia víctima. Esta vez, se trata de un hecho ocurrido días pasados, en el cual un hombre —cabo de la Policía de Misiones,— fue denunciado por su expareja por violar una medida de prohibición de acercamiento mutua y causar daños materiales en su domicilio.

La denuncia original señalaba que el hombre se presentó en la casa de su expareja, rompió el picaporte de la puerta y retiró una suma de $1.700.000 pesos argentinos. La Justicia actuó de inmediato y ordenó su detención por los delitos de desobediencia judicial y daños.

Sin embargo, días después, la mujer amplió su declaración y aseguró haberse arrepentido de haber radicado la denuncia, admitiendo que había exagerado los hechos. Además, en su relato ante las autoridades, manifestó que el acusado le dijo que “la amaba”, lo que dejó entrever un contexto emocional confuso, donde la relación entre ambas partes parece seguir marcada por la ambivalencia y el conflicto no resuelto.

El dilema judicial: ¿cómo actuar frente a denuncias que luego se desdicen?

Este tipo de situaciones plantea un desafío constante para la justicia: actuar con celeridad para prevenir situaciones de riesgo, pero también ser capaz de analizar los hechos con objetividad cuando las versiones cambian.

Las retractaciones o arrepentimientos de las víctimas no son infrecuentes en contextos de violencia, muchas veces motivadas por la dependencia emocional, el miedo, la presión social o incluso la esperanza de reconciliación. Sin embargo, también pueden existir casos donde la denuncia surge en medio de disputas familiares, sin que haya un hecho de violencia real que la sustente.

El sistema judicial debe garantizar la protección de quienes realmente están en situación de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo evitar que las herramientas legales sean utilizadas como instrumento de presión o manipulación entre partes en conflicto.

Más allá de cómo avance este caso en particular, lo ocurrido en Iguazú deja en evidencia que la violencia de género no siempre responde a patrones lineales y que las relaciones humanas pueden tornarse escenarios complejos donde intervienen emociones, silencios, contradicciones y arrepentimientos.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa, y será la Justicia quien determine si hubo o no incumplimiento efectivo de las medidas vigentes.