Iguazú (LaVozDeCataratas) El Concejo Deliberante de Iguazú tratará este jueves un proyecto de ordenanza que busca reglamentar la aplicación local de la Ordenanza 06/01, mediante la cual el municipio adhirió a la entonces Ley Provincial 3615, actualmente Ley Provincial IV N.º 31, que establece restricciones administrativas para personas incluidas en el Registro Público de Alimentantes Morosos.

La iniciativa apunta a definir con precisión el procedimiento administrativo que deberá aplicarse en el ámbito municipal para garantizar el cumplimiento efectivo de la normativa y unificar criterios operativos entre las distintas áreas involucradas.

De aprobarse, la Secretaría de Gobierno será designada como autoridad de aplicación y deberá coordinar las verificaciones correspondientes con áreas como Dirección de Tránsito, Habilitaciones Comerciales, Transporte y Contrataciones.

Suspensión de trámites y plazo para regularizar

El proyecto establece que, cuando una persona figure inscripta en el Registro Público de Alimentantes Morosos al momento de iniciar un trámite alcanzado por la normativa, el procedimiento será suspendido de forma inmediata.

En esos casos, el interesado será notificado formalmente y contará con un plazo de hasta 30 días para regularizar su situación y acreditar la baja del registro.

En caso de no cumplir con ese requisito dentro del plazo establecido, las actuaciones administrativas serán archivadas.

Qué ocurrirá con habilitaciones vigentes

Uno de los puntos centrales de la propuesta aclara que, si la inclusión en el registro se produce mientras una habilitación o permiso ya se encuentra vigente, la actividad no será suspendida automáticamente.

Sin embargo, la restricción operará al momento de la renovación, impidiendo la continuidad administrativa hasta tanto el titular regularice su situación judicial.

Excepción judicial

La ordenanza prevé una única excepción: se permitirá continuar con el trámite únicamente cuando el interesado presente una resolución judicial que disponga la suspensión temporal de su inclusión en el registro.

Control obligatorio y responsabilidad funcional

El texto también fija obligaciones específicas para los agentes municipales intervinientes.nCada funcionario deberá verificar obligatoriamente el listado actualizado de alimentantes morosos antes de resolver cualquier trámite alcanzado por la norma, siendo personalmente responsable en caso de omisión.

Además, la autoridad de aplicación deberá solicitar cada tres meses al Juzgado de Familia con competencia en Iguazú, o al organismo judicial que administre el registro provincial, la nómina actualizada de personas incluidas.

El intercambio de información podrá realizarse mediante oficios, convenios interinstitucionales o sistemas informáticos habilitados, garantizando la confidencialidad de los datos y su utilización exclusiva para fines administrativos.

La iniciativa será uno de los temas centrales de la sesión prevista para este jueves y, de avanzar, implicará un endurecimiento de los controles municipales vinculados al cumplimiento de las obligaciones alimentarias.