Iguazú (LaVozDeCataratas) En una conferencia de prensa brindada este lunes, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno nacional procederá al cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (CNTSV) y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). La medida será oficializada mediante un decreto que se publicará en las próximas horas.

La decisión, explicó Adorni, se da en el marco de un proceso de reestructuración del Estado y fue acompañada por un repaso de la causa judicial que involucra a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por supuestas irregularidades en contrataciones de obra pública durante su gestión. “Es un acta de defunción a la corrupción en la obra pública y la firmó el presidente de la Nación”, afirmó el vocero.

Entre los argumentos que justifican la decisión, el Gobierno destacó el «sobredimensionamiento» de la estructura administrativa de Vialidad, que cuenta con 5.184 agentes, de los cuales más del 67 % realiza tareas administrativas, técnicas o jerárquicas, y solo el 33 % desempeña funciones operativas en el territorio. También se cuestionó la proporción entre los cargos jerárquicos y el personal a cargo, así como la utilización de recursos materiales.

Asimismo, se hizo mención a presuntos casos de nepotismo dentro del organismo, como el de la secretaria general del sindicato del sector, cuya familia entera estaría empleada dentro de la estructura de Vialidad Nacional.

Según estimaciones oficiales, la disolución del organismo generaría un ahorro anual cercano a los 100 millones de dólares para el Estado, y permitiría avanzar hacia un modelo con mayor participación del sector privado en el mantenimiento de rutas nacionales.

Por su parte, la CNRT pasará a denominarse “Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte” y asumirá funciones de fiscalización vinculadas a concesiones viales.

Adorni también defendió el uso de las facultades delegadas por parte del presidente Javier Milei, que vencen este martes, destacando que “por primera vez, se usaron para generar alivio fiscal” y no para ampliar el poder del Ejecutivo como, según dijo, ocurrió en gestiones anteriores.

“La intención no fue perpetuarse con superpoderes, sino avanzar en un plan de reformas que saque a la Argentina de la decadencia”, concluyó el vocero.