Iguazú (LaVozDeCataratas) En redes sociales y grupos de compra y venta es cada vez más frecuente encontrar publicaciones donde se expone a supuestos deudores con el objetivo de presionarlos para que paguen. Sin embargo, especialistas advierten que estas prácticas pueden vulnerar derechos y derivar en consecuencias legales.

¿Qué pasa cuando el reclamo de una deuda cruza el límite de la legalidad? Esa es una pregunta que cobra cada vez más vigencia, especialmente en un contexto donde las redes sociales se convirtieron en un espacio habitual para realizar «escraches» públicos a personas acusadas de no pagar lo que deben.

En grupos de compra y venta, Facebook o WhatsApp, es común encontrar publicaciones con nombres, fotografías, direcciones o incluso datos personales de supuestos deudores. Aunque la intención sea recuperar un dinero, la ley establece que el derecho a cobrar una deuda no habilita el hostigamiento, las amenazas ni la exposición pública de una persona.

La legislación argentina protege a los consumidores frente a prácticas abusivas durante la cobranza. Esto significa que tanto empresas, estudios jurídicos como particulares deben respetar determinados límites al momento de reclamar un pago.

¿Qué prácticas pueden ser ilegales?

Entre las conductas que pueden considerarse abusivas se encuentran:

• Publicar datos personales del deudor en redes sociales o grupos públicos.
• Realizar llamados o enviar mensajes de manera insistente con fines intimidatorios.
• Amenazar con consecuencias falsas o exageradas para forzar el pago.
• Contactar a familiares, amigos o empleadores para ejercer presión.
• Utilizar expresiones humillantes o realizar escraches públicos.

Estas acciones pueden ser consideradas una vulneración de derechos y dar lugar a reclamos o denuncias, incluso cuando la deuda efectivamente exista.

El derecho a cobrar tiene límites

Los especialistas recuerdan que quien tiene un crédito puede reclamarlo, pero debe hacerlo a través de los mecanismos previstos por la ley. Si la deuda no se paga voluntariamente, existen vías judiciales para exigir su cumplimiento, sin necesidad de recurrir a amenazas o exposiciones públicas.

En este sentido, el reclamo legítimo no debe confundirse con el hostigamiento. La normativa busca proteger tanto el derecho del acreedor a cobrar como la dignidad, la privacidad y el honor de quien mantiene una deuda.

Una práctica cada vez más común

En los últimos años se multiplicaron los casos de personas que recurren a las redes sociales para intentar recuperar dinero, publicando fotografías, conversaciones privadas o datos personales de quienes consideran deudores. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que ese tipo de «escraches» también puede generar responsabilidades legales para quien los publica.

La recomendación de los especialistas es evitar cualquier práctica intimidatoria o que exponga públicamente a otra persona y optar siempre por los canales legales correspondientes.

Porque una deuda puede reclamarse. Lo que la ley no permite es que ese reclamo se transforme en amenazas, humillaciones o escraches públicos.

Fuente: Con información de Primera Edición.